Hace poco hemos conocido la noticia de que el 30% de los edificios públicos aún no son accesibles para personas con discapacidad o con movilidad reducida. Aunque la Ley de Discapacidad estableció el 4 de diciembre de 2017 como fecha límite para lograr la accesibilidad universal en sus inmuebles, todavía no se ha cumplido.
Imagínese enfrentarse a un trámite en la administración y no poder entrar por las barreras arquitectónicas o no escuchar bien la megafonía por la falta de un bucle magnético. Pues es algo que ocurre en nuestro país y que con la colaboración del gobierno y de las instituciones tiene que cambiar hasta que los edificios públicos sean completamente accesibles.
Las personas con discapacidad forman un grupo numeroso y vulnerable, pero tienen todos los derechos a poder acceder a todos los edificios públicos. Si una persona no dispone de accesos a ellos, se ven vulnerados sus derechos a la libertad, la igualdad y la dignidad. En particular, la ley establece la supresión de barreras a las instalaciones y la adaptación de equipos e instrumentos, así como la apropiada señalización en los mismos.
Casi el 70% de las personas con discapacidad, que en España ascienden a cuatro millones, tienen problemas de accesibilidad, enfrenándose diariamente a barreras arquitectónicas que deben desaparecer y, para ello, es fundamental que las Administraciones Públicas sean el primer ejemplo de accesibilidad.
Desde Fundación Aon esperamos y deseamos que en un futuro no muy lejano todos los edificios hayan tomado las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad universal.
