Por todos es sabido que las personas que tienen algún tipo de discapacidad no tienen especialmente sencillo el hecho de encontrar un empleo estable. De hecho, en nuestro país, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad es de más de un 30%, pese a la obligación que existe en las empresas de 50 trabajadores o más de tener en plantilla un 2% de personas contratadas con discapacidad. Dada la baja contratación, que se sustituye con medidas alternativas, no todas las empresas cumplen estos números de contratación.
Por todas estas razones, se crean los centros especiales de empleo, cuyo objetivo primordial es proporcionar un empleo de calidad a las personas con discapacidad. Fueron creados en el año 1985 como elementos básicos integradores de las personas con discapacidad en el mundo laboral, cuando por sus circunstancias no pudieran ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales.
Estos centros especiales de empleo cumplen una labor de integración de las personas con discapacidad que es fundamental para el desarrollo profesional de estas.
Pueden ser de carácter público o privado y pueden tener o no ánimo de lucro. Además, su plantilla ha de estar formada, como mínimo, por un 70% de personas con discapacidad, aunque la gestión debe ser la misma que cualquier empresa.
Los trabajadores de estos centros especiales de empleo han de ser:
- Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.
- Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%.
En nuestro país, más de 80.000 personas con discapacidad trabajan actualmente en centros especiales de empleo, dando ejemplo de integración real y de responsabilidad social corporativa. Gracias a estos centros, las personas con discapacidad pueden integrarse con plenitud en la vida laboral, aportando un beneficio enorme tanto a ellos mismos como a la sociedad.
